Publicar una lista de grandes defraudadores es ilegal

La Agencia Vasca de Protección de Datos concluye en un informe que la publicación de una lista con los nombres de los grandes defraudadores es ilegal.

Este informe se ha redactado como respuesta a una pregunta de la Diputación del Gobierno Vasco donde se planteaba la posibilidad de hacer pública una lista con los nombres de los grandes defraudadores a Hacienda. Este informe resuelve de una manera contundente las dudas dejando claro que ese listado y su divulgación carecería de amparo legal y plantearía “dudas de constitucionalidad“.

El informe elaborado por el organismo de protección vasco repasa diferentes leyes y sentencias anteriores tanto a nivel estatal como europeo, donde se advierte de la ilegalidad de esta lista. Además, este organismo ha querido dejar claro a los partidos políticos que “se debe tener en cuenta el principio de proporcionalidad entre los distintos bienes jurídicos dignos de protección” dado que ambos derechos están recogidos en la Constitución española.

Desde la propia Agencia Vasca de Protección de Datos también se apunta a que “es cuando menos dudoso que no pueda hacerse pedagogía en materia tributaria sin recurrir a medidas tan lesivas para el derecho fundamental como la publicación de la lista”. Y es que, desde la Diputación del Gobierno se apuntaba a que la publicación de una lista de este tipo podría servir para que los defraudadores a la Hacienda tuvieran un castigo público. Algo que, como bien deja claro la autoridad en temas de protección de datos del País Vasco, no contaría con un respaldo legal suficiente.

Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida a nivel nacional, también pidió durante el pasado mes de Agosto al ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, la publicación de una lista similar a la propuesta en la Diputación vasca. Una petición apoyada por otros partidos y que cogió mucha fuerza tras conocerse el caso protagonizado por Jordi Puyol.

Ahondando en este tema, el propio Cristobal Montoro planteó la posibilidad de la publicación de una lista de grandes defraudadores ya en 2012. En aquel momento, fueron las autoridades europeas las que advirtieron de la ilegalidad de esta medida. Precisamente, la Agencia Vasca de Protección de Datos se basa en esta opinión de los organismos europeos.

Desde Bruselas ya se advirtió de que la propuesta de Montoro sería “posiblemente inconstitucional” ya que la exposición pública de esa lista de nombres sería contraria al artículo 18 de la Constitución Española que garantiza “el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen“. Además, desde Bruselas se recomendó que “si el Gobierno español tiene pruebas o indicios suficientes sobre presuntos delitos de fraude, lo que debe hacer es enviarlos a la Fiscalía para que proceda conforme al Estado de Derecho“.