La Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) obliga a las empresas a destruir información confidencial en el momento en que deja de ser útil o cuando deciden desprenderse de su archivo histórico. Pero parece que en España, el proceso de eliminación no se hace del todo bien.
Según un estudio de la certificadora internacional National Association for Information Destruction (NAID), el 72% de la información confidencial de la las empresas españolas acaba en cubos de basura sin ser tratada adecuadamente.
Este tratamiento inadecuado, supone unos 25 millones de euros en multas por parte de la Agencia Española de Protección de Datos así como algún que otro escándalo cuando salta a los medios de comunicación alguna noticia referente a este tema. A pesar de esta cifra en sanciones, a las empresas les resulta más barato seguir incumpliendo la normativa vigente que implementar los protocolos y mecanismos necesarios para deshacerse adecuadamente de estos informes confidenciales.
La cantidad de denuncias por este tema ante la AEPD no deja de crecer y, España, acumula el 80% de todas las investigaciones llevadas a cabo en Europa por este tema.