Esta semana el tema mediático estrella ha sido la difusión de un vídeo de contenido erótico de una concejala del ayuntamiento de Los Yébenes (Toledo). La protagonista de la historia envió dicho vídeo a un amigo íntimo pero se filtró a las redes sociales y ha corrido por Internet como la pólvora. El carácter público y el desempeño de la actividad política de Olvido Hormigos ha sido determinante para que este vídeo se salga de una esfera privada y haya sido enlazado y referenciado en múltiples webs, blogs y demás.
Este hecho ha puesto en entredicho la seguridad de los datos personales e íntimos en la Red. Sobre este caso concreto, la legislación es clara puesto que la normativa de datos de carácter personal considera la sexualidad como uno de los aspectos especialmente protegidos. De esta manera, está tipificado como delito la difusión de estos datos sin consentimiento previo de las personas afectadas.
Según el Código Penal, la difusión, revelación o cesión de datos personales especialmente protegidos a terceros se considera delito, incluso sin haber participado en el descubrimiento de los mismos. Por tanto, no solo la persona que publicó el vídeo en primer lugar, sino todas aquellas que hayan contribuido a su posterior expansión podrían ser sancionadas por daños en la intimidad de la concejala.
En virtud de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, el juez-instructor del caso puede ordenar la retirada o bloqueo del vídeo ilícito. Como medida cautelar se podría, incluso, secuestrar todo tipo de publicaciones en la Red llegando a que los proveedores de acceso impidan el acceso a los servidores donde estén alojadas (también si se diera el caso de estar fuera de España).
Por otro lado, la Agencia de Protección de datos puede imponer una sanción y ordenar la retirada de los contenidos lesivos contra la intimidad pero no puede fijar una indemnización, algo que debe reclamarse por vía cívil.
El caso de Olvido Hormigos está teniendo una gran repercusión mediática dada su actividad pública pero ningún ciudadano está libre de sufrir una violación de su intimidad. En este caso, lo mejor es presentar una denuncia ante la policía o una querella criminal en el juzgado. En casos donde la rapidez de respuesta sea determinante, como el caso que nos atañe, se puede acudir como primera opción a un experto en retirada de datos de Internet. En España, existen ya varias compañías especializadas en servicios de este tipo.
Claro que, como siempre, el primer consejo es ser muy cuidadoso con nuestra información personal, sobretodo a la hora de compartirla con terceros.