Desde Bruselas se está trabajando en una reforma sobre el tratamiento de datos de los usuarios de Internet que obligará a las compañías a conseguir los permisos explícitos de los usuarios antes de comerciar con los mismos.
La intención de los responsables de la protección de datos a nivel europeo es limitar la libertad que las compañías -como Google o Facebook, por citar dos- tienen para vender datos como hábitos de navegación a empresas de publicidad.
Jan Phillip Albrecht, diputado (partido Verde) alemán del Parlamento Europeo, ha declarado lo siguiente respecto a este asunto:
«Los usuarios deben estar informados sobre lo que ocurre con sus datos. Ellos deben tener la capacidad de llegar a un acuerdo consciente con el procesamiento de sus datos o rechazar el uso de los mismos»
Las compañías que más se benefician con este comercio están presionando para frenar esta reforma pero los diputados europeos parecen firmes en su decisión y en breve se presentará un informe donde se explica qué parte de los datos de los usuarios pueden ser utilizados por motores de búsqueda y redes sociales en su propio beneficio. Esta reforma nace de una propuesta de la Comisión Europea para endurecer las actuales normativas sobre protección de datos.
Erika Mann, responsable de asuntos públicos de Facebook, ha dado el punto de vista de su compañía al respecto de estas propuestas:
«Estamos preocupados de que algunos aspectos del informe no son compatibles con un
floreciente mercado único digital europeo y la realidad de la innovación en Internet».
Erika Mann hace especial hincapié del marcado carácter global del mercado digital y del perjuicio que puede suponer para una compañía como Facebook. Según unos datos manejados por los defensores de la privacidad de los usuarios en Estados Unidos, cada usuario de Facebook podría hacer ganar a esta red social unos 10 dólares al año haciendo click en su publicidad. La red social cuenta con casi 1.000 millones de usuarios por lo que se manejan cifras astronómicas.
Un tema en el que los políticos europeos están lejos aún en ponerse de acuerdo es en el tema de las sanciones que podrán imponer las autoridades nacionales por el mal uso de los datos de los usuarios. Estas sanciones podrían situarse entre el 0.5 y 2% de la facturación anual de la compañía sancionada. El mensaje que se quiere dar desde la esfera política europea es que las empresas pondrán más interés en proteger los datos de los usuarios si tienen más interés que el de preservar la privacidad de sus usuarios.