El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido una sentencia donde declara ilegal, y por consiguiente, anula, la directiva sobre conservación de datos de las telecomunicaciones de 2006.
Recordamos que esta directiva obliga a las operadoras telefónicas y de Internet a conservar entre 6 y 24 meses (según cada país) los datos sobre llamadas, envíos de emails y conexiones a Internet y redes sociales realizadas por un cliente, con quién se comunica y desde dónde (en ningún caso el contenido de las mismas).
Esta directiva fue promovida por la Comisión Europea liderada por José Manuel Durao Barroso muy influenciada por las presiones de los gobiernos británicos y norteamericanos siempre escudados en la lucha antiterrorista.
El Tribunal de la UE considera que esta normativa constituye una injerencia muy grave y desproporcionada en los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, en el respeto de su vida privada y en la protección de sus datos personales. La sentencia también considera que la directiva anulada no establece ninguna garantía para evitar un uso abusivo de los datos recopilados por parte de las autoridades y no ofrece ninguna protección del ciudadano ante un uso fraudulento o ilícito de los mismos.
El conjunto de los datos cosechados puede proporcionar indicaciones muy precisas sobra la vida privada de las personas: hábitos cotidianos, lugares de residencia permanentes o temporales, desplazamientos diarios, actividades realizadas, relaciones sociales, medios sociales frecuentados…algo que el Tribunal ha considerado como una grave violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Tras esta sentencia habrá que ver cuáles son sus repercusiones en la legislación de cada estado miembro de la UE. En España, varias normativas se basan en la retención de datos asuntos tan graves como el terrorismo o la pederastia así como otras como casos de violaciones de derechos de propiedad. De esta manera, esta anulación puede afectar a normativas como la polémica «Ley Sinde», Ley de Protección Intelectual o la Ley de Seguridad Ciudadana. En los próximos días iremos conociendo la aplicación real de la sentencia del Tribunal europeo.