En las últimas fechas, las Administraciones públicas han emprendido una fuerte lucha contra el fraude fiscal. Las gestiones necesarias para poder llevar a cabo las investigaciones hace necesaria la colaboración entre diferentes administraciones y organismos conllevan la cesión de datos entre las mismas aunque parece que no se está cumpliendo en todos los casos los protocolos apuntados por la LOPD.
José Ignacio Pariente, director de la Agencia Vasca de Protección de Datos, apunta a que esta cesión de datos se está convirtiendo en un problema ya que “las comprobaciones no se hacen pidiendo y revisando los datos concretos. Se están haciendo cediendo todos los datos”. Unan práctica que no cumple la normativa de protección de datos porque «no se deben intercambiar más datos de los estrictamente necesarios y, en la práctica, se están cediendo más«.
Esta situación está ocurriendo en el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, que desde hace un año gestiona los programas de ayudas sociales y que en su búsqueda de posibles expedientes fraudulentos se le está permitiendo a sus funcionarios el acceso a bases de datos de otras instituciones teniendo, por tanto, a su disposición datos a los que no deberían acceder sin consentimiento expreso de los ciudadanos afectados.
Desde la Agencia de Protección de Datos vasca se apunta que en lugar de tomar las medidas oportunas para modificar la Ley se hacen «convenios con Ayuntamientos que no tienen rango legal y que no amparan esas cesiones«.